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DEPOSITO DE FIANZAS


LEGISLACIÓN ESTATAL.-


Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994 Artículo 36.

Establece una obligación legal de prestación de fianza en materia de Arrendamientos Urbanos. Esta disposición, que expresamente se inscribe en el ampito imperativo de la ley, y por tanto de obligado cumplimiento por las partes, establece que la prestación por la relación jurídica será de dos mensualidades en el arrendamiento de locales y de una en materia de vivienda.

Este mismo artículo establece dos escenarios temporales en relación a la duración del contrato y sus prorrogas.

Los contratos que tengan una duración de cinco años o superior, la fianza no estará sujeta a actualización en estos cinco primeros años, regulándose los posteriores (de duración de contrato) de conformidad con lo estipulado por las partes y en su defecto por lo establecido para la actualización de la renta.

Para contratos que ha finalizado su duración, (con independencia de cual sea) y que se prorroguen de conformidad con los contenidos de la ley o por voluntad de las partes, el arrendador y el arrendatario tendrán la facultad de solicitar la actualización en mas o en menos de la fianza en el momento de realizar cualquiera de las prorrogas.

Finalmente se establece una penalización para el propietario en el caso de que transcurrido un mes desde la conclusión de la relación, la fianza no se haya devuelto, devengando el interés equivalente al legal del dinero hasta su total entrega.

¿POR QUÉ SIENDO PROPIETARIO TENGO QUE DEPOSITAR LA FIANZA QUE ME ENTREGA EL INQUILINO?


DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA LEY 29/1994


Si en el artículo 36 anterior observamos la obligatoriedad del depósito y regulación entre arrendador y arrendatario, en la Disposición ahora estudiada el legislador introduce el siguiente paso que debe seguir una fianza cuando esta obra ya en poder del propietario. En este sentido se habilita a las Comunidades Autónomas para que puedan exigir que estas cantidades se depositen en su poder o en el de los entes públicos que designen, estableciendo idéntica penalización a la contenida en el punto anterior para el propietario, en caso de transcurso de un mes sin que la administración devuelva la fianza al arrendador.
En síntesis, esta Disposición Adicional nos remite a la normativa autonómica en la materia.


ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN.-

ARTICULO 26,1-2ª.- Competencia en materia de Vivienda.
En el artículo 26,1-2ª El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece la competencia exclusiva en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En desarrollo de esta competencia, el Real Decreto 972/1984 de 28 de Marzo de Traspaso de Funciones y Servicios, transmite a la comunidad las funciones relativas al depósito de fianzas correspondientes al contrato de arrendamiento.

En ejercicio de esta competencia se dicta la Ley 2/1999 de 19 de febrero, Reguladora del Deposito del Importe de Fianzas de Contratos…

LEY 2/1999 DE 19 DE FEBRERO.-

Primero, y antes de saber que tienen que hacer los propietarios, debemos determinar que propietarios son los afectados. Buscamos por tanto, el ámbito de aplicación de la ley de fianzas, o dicho de otra manera el conjunto de relaciones jurídicas sometidas a su texto en la materia que nos interesa.

Ámbito de aplicación de la Ley de Fianzas.-

Observando los Art. 1º y 2º de esta ley y puestos en relación con el contenido de los Art. 1º a 5º de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, obtenemos las relaciones arrendaticias sometidas a la obligatoriedad de prestación de deposito, entendiendo que serán todas las que tengan por objeto una vivienda destinada a satisfacer la necesidad permanente o temporal de habitar y las que recaigan sobre inmuebles destinados a actividades industriales, comerciales, profesionales, artesanales, asistenciales, culturales, recreativas y docentes. Deja por tanto la ley muy pocas relaciones fuera del su ámbito, tan sólo las de viviendas que traigan causa en el puesto de trabajo o cargo, (porteros, funcionarios…), en una regulación especifica como militares, por estar englobadas en la explotación agrícola o ganadera sometida al arrendamiento rustico y en la necesidad de habitar por motivo del desarrollo de los estudios y así las califican, prestan y gestionan las universidades. A todas estas exclusiones la propia Ley 2/1999 introduce una exención genérica a la prestación del depósito cuando el arrendador sea una Administración o Ente Público.

Tenemos así las relaciones jurídicas cuyos titulares en concepto de propietarios se encuentran sometidas a la Ley de Fianzas.

Segundo.- Una vez que conocemos las relaciones obligadas necesitamos saber el contenido de la obligación.

El propio artículo segundo establece que los arrendadores y subarrendadores tienen que depositar a la Administración Autonómica el importe de las fianzas reguladas en el artículo 36,1 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, y que no son otras que las entregadas por los inquilinos a los propietarios en la cuantía que se derive en función del objeto, (vivienda una mensualidad, distinto de vivienda dos mensualidades).

Concluyendo sabemos quiénes tienen que depositar, por qué y a quién.


LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN


ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN.-
ARTICULO 26,1-2ª.-
En el artículo
LEY 2/1999 DE 19 DE FEBRERO.-
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